Proyecto de Constitución

Todo está vinculado

La Sageocracia reconoce que cada ser humano, cada grupo, cada medio natural vive en relación con lo que lo rodea y depende de ello. Estos vínculos son la condición misma de la vida. Una organización que los ignora se vuelve frágil.

Ver antes de decidir

Una buena decisión depende ante todo de una buena mirada sobre la situación. Quien decide debe, antes que nada, comprenderla. Su derecho a decidir no proviene ni de su rango ni de su fortuna: es siempre el pueblo quien le confía esa tarea, por un tiempo. Gobernar es ver bien antes de actuar.

Pensar en el conjunto

Una decisión, una acción o una organización se juzga por sus efectos inmediatos, pero también por sus efectos sobre el conjunto. Una decisión coherente no resuelve un problema en su ámbito enviándolo a otra parte. Ve lo bastante amplio para no crear, más lejos o a otra escala, los desórdenes que quiere resolver.

Buscar el acuerdo

La Sageocracia busca la sintonía más que el compromiso: un acuerdo que nace cuando las necesidades de los humanos, lo que la realidad permite y el equilibrio de lo viviente dejan de oponerse. Nadie la decide zanjando: llega cuando se comprende lo bastante bien una situación para que las tensiones se desaten por sí mismas. Una decisión solo se toma en sintonía si nadie mantiene una objeción. Cuando la sintonía no llega, se vota. Una sola objeción no bloquea la decisión, ni siquiera la objeción de la persona a la que concierne la decisión: esa persona es escuchada, y puede acudir a la justicia. Quienes ejercen un cargo público votan en público, porque responden de él; los ciudadanos y los jurados, en secreto. La objeción a la que no se ha sabido responder queda escrita junto con la decisión.

Reconocer la contribución

Todo lo que ayuda de verdad a un grupo a sostenerse y a vivir bien es una contribución, visible o no, medible o no. La Sageocracia las reconoce todas, incluso las que nuestros sistemas actuales ignoran. Cada persona elige libremente lo que aporta; su dignidad nunca depende de ello, y tiene derecho al descanso.

Responder de lo que vemos

Nuestra responsabilidad no se detiene en los límites de nuestro papel o de nuestro ámbito: llega tan lejos como lo que vemos. Cuando vemos cuánto depende todo de todo, ya no es una restricción impuesta desde fuera, sino una evidencia que llevamos dentro.

Corregirse en el camino

Una organización viva nunca está fijada. Cambia con lo que vive, con lo que se mueve a su alrededor, con lo que aprende. En ella, un error es una información valiosa: permite corregirse antes de que las tensiones se conviertan en ruptura. Unos balances, en fechas fijadas de antemano por el texto adoptado, sirven para corregir el camino. Son públicos y miran el estado de lo esencial, de la salud y de lo viviente, no solo lo que se produce. Solo se da un paso más cuando el anterior se sostiene.

Respetar lo viviente y sus derechos

Lo viviente (los seres humanos; los animales, capaces de sentir; los medios naturales; la vida de los grupos humanos) no es un recurso que explotar. Es el marco de toda organización humana. Una decisión que lo daña de forma duradera, aquí o en otra parte, va en contra de lo que hace posible la vida en común. Cuando es posible un daño grave e irreversible, la duda favorece a lo viviente. Este respeto se extiende a quienes nacerán después de nosotros y, más allá de las fronteras, a lo que no pertenece a nadie: los océanos, el aire y el clima, los polos, el espacio.

La naturaleza tiene derechos que nadie puede retirar. Los bosques, los ríos, los suelos, los mares, la fauna y la flora que les son propias tienen derecho a existir, a renovarse y a vivir según sus propios ciclos. Los animales nunca son cosas, ni mercancías: no se comercia con ellos, y el comercio que existe cesa por etapas anunciadas de antemano. Ya sean criados, pescados o libres, se les ahorra, desde su nacimiento hasta su muerte, todo sufrimiento y todo miedo que se sabe evitar. Lo que se les hace no se oculta. El pueblo elige las reglas que protegen la naturaleza y a los animales: puede cambiarlas para ir más lejos o para hacerlo mejor, nunca para protegerlos menos.

Ante la justicia, la naturaleza tiene voz. Unos guardianes de la naturaleza hablan en su nombre, y por quienes nacerán después de nosotros, y pueden pedir que cese lo que va demasiado lejos. El pueblo los elige entre quienes la conocen: científicos, naturalistas y todos los que han aprendido a observarla y a escucharla. Cualquiera puede también defenderla. Quien le causa daño responde de ello, y repara.

Decidir lo más cerca posible

El poder de decidir no pertenece a un centro: parte siempre de lo más cercano. El custodio de un lugar, quien lo habita o lo cultiva, decide sobre él; después la comunidad, la región y el país deciden cada uno sobre lo que le concierne. Cada uno lo hace mientras no perjudique ni a lo viviente ni a los demás: solo daña lo que la tierra, el agua o el aire pueden regenerar, y no impone a sus vecinos ninguna molestia nueva que no hayan aceptado. Una comunidad que perjudica a lo viviente o a sus vecinos responde de ello: la justicia puede imponerle que cese y que repare. La justicia también puede, por un tiempo, confiar a la región o al país la tarea de decidir en lugar de esa comunidad, pero solo sobre lo que toca a ese daño. Una comunidad es un barrio, un pueblo, un municipio, o un lugar nuevo donde unas personas eligen instalarse juntas, respetando lo viviente y las reglas de ordenación votadas. Puede conservar sus formas antiguas de decidir, un consejo de ancianos o una asamblea de pueblo, si en ellas cada persona, mujer u hombre, joven o anciana, tiene la palabra, y si respetan lo que nunca se vota. Aquellos cuya vida es un camino, pueblos nómadas, población itinerante, gente del mar, pueden formar entre ellos una comunidad, y son acogidos en aquellas que atraviesan. Sus rutas, sus pozos y sus lugares de parada son bienes comunes que nadie puede cerrarles, mientras no perjudiquen ni a lo viviente ni a los demás. Cada persona forma parte de la comunidad del lugar donde vive; un municipio que reúne varios barrios o pueblos decide con ellos sobre lo que les concierne a todos. Cuando una cuestión concierne a varias comunidades, cada una envía a uno de los suyos por un tiempo, y puede hacerlo volver. Las leyes que el pueblo adopta valen en todas partes. Pero el país solo impone un proyecto a una comunidad si es de interés nacional y no perjudica ni a lo viviente ni a ella. En caso de desacuerdo, deciden jueces independientes.

Decidir a la luz del día

Cuando la información está oculta, encerrada en compartimentos o cortada en pedazos, nadie ve ya el conjunto, y nacen desequilibrios. Las decisiones que comprometen la vida común, sus razones y quienes las toman son conocidos por todos. Fuera del voto, de las deliberaciones de los jurados, de las fuentes de los periodistas y de lo que se confía a quien cuida, a quien defiende o a quien ayuda a reconciliarse, solo queda en secreto lo que protege vidas, bajo el control de una instancia independiente. Pero la vida privada de cada persona está protegida: las decisiones y las contribuciones reconocidas son públicas, pero nunca lo que revelan de la salud, las creencias o la vida privada de otras personas, ni lo que uno vive, piensa o compra.

Ninguna decisión que afecte a una persona se deja en manos de una máquina sola. Lo que las herramientas comunes saben de cada persona solo sirve para el uso para el que lo confió, o, de forma anónima, para conocer las necesidades de todos. Nadie necesita una pantalla para recibir lo esencial ni para votar.

El pueblo

El pueblo son los ciudadanos del país: quienes lo eran el día en que eligió la Sageocracia, quienes llegan a serlo, sus hijos, y todo niño que nace en el país. Quien viene de otra parte se hace ciudadano cuando vive en el país la mayor parte del año, desde un tiempo fijado por la ley, y participa en la vida común. Debe también hablar una lengua del país, o aprenderla con la ayuda ofrecida, y comprometerse públicamente a respetar esta constitución. Quien nació en él pero creció en otra parte sigue siendo ciudadano; cuando viene a vivir allí, se compromete también a respetar esta constitución y participa en la vida común. Respetar no es adherirse: nadie tiene que compartir una convicción para ser ciudadano.

Antes de ser ciudadano, quien viene de otra parte participa en las decisiones de su comunidad. Si comete actos graves que la ley prohíbe, la justicia puede, como último recurso, retirarle el derecho a quedarse. Pero nadie es devuelto nunca a la guerra, a la persecución o a una tierra que se ha vuelto inhabitable. Solo la justicia puede retirar una ciudadanía, y solo la obtenida mediante una mentira.

Cada ciudadano vota a partir de una misma edad, fijada por la ley. Antes de esa edad, cada niño tiene derecho a la palabra: su comunidad lo escucha sobre lo que le afecta como sobre lo que afecta a todos, y lo que dice cuenta. Las votaciones las organiza una instancia independiente, que garantiza que sigan siendo secretas y se cuenten honestamente.

El poder del pueblo

El poder pertenece al pueblo. Nadie gobierna en su lugar, y nadie hace carrera en un cargo que el pueblo confía, ni se enriquece con un cargo público.

Un Consejo de la Sageocracia propone las leyes, y el pueblo decide. Sus miembros vienen de todas las regiones y de todos los ámbitos de la vida. Propuestos por los habitantes de las regiones, son elegidos por su competencia y su capacidad de buscar el acuerdo, sin hacer campaña ni tener conflicto de intereses. El pueblo los aprueba uno por uno, por un tiempo que puede renovar una vez, y puede destituirlos. Cada uno elige el tiempo que le dedica, y es remunerado en esa medida. Si uno de ellos se va, los demás continúan, y solo el pueblo aprueba a quien lo sustituye.

En el exterior, el Consejo representa al país y negocia los tratados. El pueblo adopta o rechaza las leyes y los tratados, por mayoría de los votos emitidos, salvo lo que esta constitución reserva a los dos tercios; lo que rechaza deja en su lugar lo que existía. Un número suficiente de ciudadanos puede siempre someterle una cuestión. Antes de cada votación, cada persona recibe a tiempo una información sencilla y leal, que expone por igual las razones de cada texto y las objeciones que encuentra.

Durante la travesía, el Consejo también la conduce. En cada balance, esta misión termina, salvo si el pueblo la prolonga. Cuando termina, todos los miembros del Consejo vuelven a pasar ante el pueblo; este nuevo paso no cuenta como la única renovación permitida. El Consejo solo conserva entonces lo que concierne a todo el país y a sus relaciones con el mundo.

En la urgencia, si no hay tiempo de consultar al pueblo, actúa la comunidad afectada, o el Consejo si la urgencia la sobrepasa, a la vista de todos. Lo que entonces se decide no va más lejos de lo que la urgencia exige y cesa con ella, a más tardar al cabo de un plazo fijado de antemano por la ley. Solo el pueblo puede prolongar ese plazo, o retomar esas medidas para la misma urgencia. Incluso entonces, nada suspende la dignidad, la vida, la igualdad de todos, la integridad del cuerpo, el derecho a un techo y a lo esencial, la libertad de creer, de expresarse y de informar, el derecho a defenderse ante la justicia y a no ser castigado sino según una ley precisa, conocida de antemano, el control de la justicia sobre todo encierro y sobre las propias medidas de la urgencia, la negativa a portar armas, ni el voto.

Pocas leyes, y claras

Una sociedad que ve lo que la vincula necesita pocas leyes. Estas descansan sobre un principio sencillo: lo que se hace a los demás y a lo viviente, uno se lo hace a sí mismo. No perjudicar a los demás, no dañar de forma duradera lo viviente, reparar el daño que se ha causado: todo lo demás se deriva de ello. Las leyes son cortas, generales, escritas para que todos las comprendan, y cada una dice por qué existe. Las reglas de aplicación que una ley no puede contener se adoptan dentro de su marco, se publican y pueden impugnarse ante la justicia. Una ley demasiado complicada se reescribe, en lugar de ser corregida por otra, y la que ya no sirve se retira: cada vez que el pueblo adopta leyes, el Consejo le propone también retirar otras. Cuanto mejor comprende cada uno lo que lo vincula, menos leyes hacen falta. Lo que la ley no dice se resuelve, en cada nivel, de la comunidad al país, mediante el diálogo, la reparación y el buen sentido de ciudadanos que explican sus decisiones. A quien ha causado un daño se le ayuda primero a comprender lo que ha hecho, y la respuesta queda a la medida del daño. Pero nadie es castigado sin una ley precisa, conocida de antemano.

Lo que nunca se vota

Ninguna votación ni ningún acuerdo en sintonía puede retirar ni reducir las garantías siguientes:

• la vida y la dignidad de cada persona, y la igualdad de todos, mujeres y hombres; nadie es condenado a muerte, torturado ni mantenido en servidumbre;
• decir, escribir y publicar lo que se piensa;
• ser informado por una prensa libre: un periódico de información solo pertenece a quienes lo hacen, nunca a una empresa ni a accionistas externos, solo los periodistas deciden lo que se publica, y la prensa responde ante ciudadanos de los hechos que afirma, nunca ante un poder;
• reunirse, asociarse, oponerse y hacer huelga;
• votar libremente y, como ciudadano, en secreto;
• aprender, sin que se imponga ninguna creencia ni ninguna visión del mundo, ni siquiera esta;
• creer, no creer o cambiar de creencia, y nunca ser obligado a portar armas;
• conservar la vida privada y la integridad del cuerpo y de la mente: nadie recibe cuidados sin su acuerdo, salvo si no puede darlo;
• ir y venir libremente, marcharse y volver a su país;
• no ser encerrado sino por decisión de la justicia; en la urgencia, ella controla de inmediato ese encierro, y después lo reexamina con regularidad;
• no ser privado nunca de un techo, de los bienes de cada día ni de lo esencial, ni del lugar donde se vive mientras se cuide y no se perjudique seriamente a los vecinos, a quienes viven con uno o a lo viviente (artículo 15).

Cada niño está protegido de toda violencia, es escuchado en lo que le concierne, y lo que le afecta se decide ante todo por su bien. Sus padres ocupan a su lado el primer lugar; solo se le separa de ellos por una decisión de la justicia, para protegerlo. Nadie contrae matrimonio sin su libre y pleno consentimiento, ni antes de ser adulto.

Nadie puede ser apartado por su nacimiento, su color de piel, su religión, su lengua, su origen, su sexo, su orientación sexual, su discapacidad, su estado de salud o sus opiniones.

Toda decisión que afecte a una persona puede llevarse ante la justicia. Allí juzgan ciudadanos en sintonía, que buscan primero reparar y dicen las razones de su decisión, que se publican sin los nombres, para que los casos semejantes se juzguen de la misma manera. Los orientan jueces independientes, que el pueblo elige por un tiempo que no se renueva, y que velan por estas garantías. Un juez responde de sus actos: cualquiera puede presentar una queja contra él. Un jurado independiente, en el que también se sientan ciudadanos sorteados, puede apartarlo por una falta grave probada, nunca por lo que ha juzgado. Una instancia independiente no recibe órdenes de nadie; sus miembros sirven por un tiempo, aprobados por el pueblo, y nunca son elegidos por quienes ella controla. Responden de sus actos como los jueces. Ante la justicia, toda persona es considerada inocente mientras su falta no esté probada, puede defenderse, asistida sin pagar nada por un defensor de su elección, y apelar. Nadie ve su domicilio registrado ni sus comunicaciones leídas sin la autorización de un juez, salvo para socorrer una vida, y el asunto se somete entonces de inmediato a la justicia. Nadie es castigado por un acto, salvo si una ley precisa, conocida de antemano, lo prohibía.

Ninguna autoridad, ninguna comunidad, ninguna mayoría puede retirar estas garantías, ni los derechos de la naturaleza. Estas libertades se ejercen sin perjudicar a los demás: solo una ley precisa, conocida de antemano, puede limitar su abuso, sin tocar nunca su núcleo. Cuando dos de estas garantías chocan, los jueces buscan la decisión que preserve el núcleo de una y de otra, y dicen por qué.

Lo esencial para cada persona, la tierra confiada

Lo esencial está garantizado a cada persona, sin condición: vivir en un medio sano; tener un hogar; recibir un cuidado holístico, que mira a la persona entera, con las ayudas que exige una discapacidad; aprender; tener el agua y la energía necesarias, los alimentos esenciales para una vida sana, con qué vestirse y los medios para comunicarse. Todos lo producen, cada uno a su medida. Cada comunidad se esfuerza, desde el primer día, por producir ella misma su alimento y su energía, tanto como su tierra lo permite. Lo que tiene de más, lo comparte con las que carecen de ello. Durante la travesía, la parte de los alimentos garantizados crece con lo que la tierra, de nuevo viva, puede dar. Se guardan reservas; si lo esencial falta, se reparte según la necesidad, a la vista de todos.

La tierra, el agua y los lugares de vida no son inversiones: están confiados a quienes los habitan o los cultivan, y que los cuidan. Los pueblos originarios conservan las tierras de sus antepasados. Lo que uno habita sigue siendo suyo durante el tiempo de una generación, y después se transmite como un lugar del que se es custodio. Lo que cada persona tiene en casa para su vida de cada día le pertenece. Por lo que deja de poseer, cada persona recibe una compensación común, según una misma regla para todos, hasta un tope que fija el pueblo. Lo que se sabe que perjudica la salud de quienes lo consumen nunca se fomenta ni se paga; por etapas anunciadas de antemano, también se deja de fomentar y de pagar lo que daña de forma duradera lo viviente; lo que lo cuida es reconocido.

Ser custodio es un derecho y un deber: quien habita un lugar lo cuida, por sí mismo, por sus vecinos y por lo viviente. Quien no puede hacerlo, por la edad, la enfermedad o la discapacidad, recibe ayuda, nunca es desplazado.

Nadie es desplazado por lo que piensa ni por su manera de vivir. Solo puede ser desplazado quien, por actos precisos que prohíben leyes conocidas de antemano, sigue perjudicando seriamente a sus vecinos, a quienes viven con él o a lo viviente, a pesar del diálogo y de la ayuda ofrecida. Si es una enfermedad la que lo empuja a perjudicar, primero se le proponen cuidados. Su comunidad puede entonces confiarle otro lugar donde podrá vivir sin perjudicar. Puede ser un lugar que otra comunidad acepta abrirle, o una vivienda que la colectividad pone a su disposición. La justicia revisa esta decisión antes de que tenga que irse, salvo si él la acepta. Nunca queda sin techo, y quienes viven con él y no tienen culpa alguna pueden quedarse. Cuando es a ellos a quienes hace violencia, la justicia no espera ni el diálogo ni la decisión de su comunidad: puede pedirle que se vaya de inmediato, para protegerlos. La actividad que daña, en cambio, debe cesar. Si persiste, corresponde a la justicia decir lo que protege a los demás.

Las Reliances, y la moneda de transición que conduce a ellas

Desde el primer día, las Reliances hacen visible y reconocen lo que cada persona aporta a los demás y a lo viviente. Ni moneda ni nota: no se compran, no clasifican a nadie, no castigan a nadie y no dan ningún poder sobre los demás. Lo que cada uno piensa nunca entra en ellas, y lo esencial nunca depende de ellas.

Para facilitar el paso, una moneda de transición existe durante un tiempo a su lado. Cada persona recibe su parte, según una misma regla para todos. Solo una instancia pública independiente la crea, dentro del límite que el pueblo aprueba, y publica lo que crea y para qué sirve. Esta moneda nunca paga lo que se sabe que perjudica la salud de quienes lo consumen, y deja, por etapas anunciadas de antemano, de pagar lo que daña de forma duradera lo viviente, según criterios que el pueblo aprueba y que cualquiera puede impugnar ante la justicia. No se compra, no se invierte y no rinde nada. Si no basta para pagarlo todo, sirve primero a lo que garantiza lo esencial a cada persona, empezando por alimentarse, tener un hogar, calentarse o refrescarse, y cuidarse.

Lo que cada uno conserva de ella disminuye un poco cada año, después más deprisa, y vuelve a todos. A medida que se desvanece, lo esencial garantizado se amplía y el lugar de las Reliances crece. El pueblo puede ponerle fin antes, en una fecha anunciada, cuando un balance público muestra que lo que todavía paga está asegurado de otro modo. Las Reliances también son un paso: el día en que reconocer lo que cada persona aporta se haya vuelto natural, podrán desvanecerse por sí mismas.

La paz y la acogida

La Sageocracia no resuelve ningún desacuerdo por la fuerza. Si es atacada, se defiende de inmediato, respetando la Carta de las Naciones Unidas. Si su pueblo lo decide, puede ayudar a un pueblo atacado que se lo pida. Con otros pueblos, trabaja por un mundo en el que ningún pueblo necesite ya amenazar a los demás para vivir en paz. Presta socorro, tanto como puede, a los pueblos golpeados por una catástrofe o por el hambre. Cumple los tratados que ha concluido con los demás pueblos. Si un tratado ya concluido contradice esta constitución, la Sageocracia lo respeta hasta retirarse de él, según las reglas que ese tratado prevé. Los ejércitos obedecen al Consejo, que decide sobre ellos en conjunto; si falta tiempo, dos de sus miembros, designados de antemano, deciden por él, de común acuerdo, y le rinden cuentas de inmediato. Los ejércitos nunca deciden solos. Un arma capaz de destruir la vida en masa contradice el respeto de lo viviente: el pueblo está llamado a decidir renunciar a ella. Mientras la conserve, su uso nunca depende de una sola persona. La Sageocracia acoge a quienes vienen de otra parte, en la medida de lo que puede sostener, examina toda solicitud de protección y nunca devuelve a nadie a la guerra, a la persecución o a una tierra que se ha vuelto inhabitable.

Cómo elige un país

En todo país, cada persona puede decir libremente que reconoce estos principios, en particular inscribiéndose en la plataforma de la Sageocracia. Estas inscripciones no deciden nada por sí solas. Cuando son lo bastante numerosas, pueden abrirse las vías democráticas del país: un examen público del proyecto, la revisión que exige la constitución actual del país o, si esta prohíbe tocar lo que tiene de más profundo, la vía que abre para adoptar una nueva, y después un referéndum. Donde no existe ninguna vía, la Sageocracia espera a que se abra. Esta constitución solo se adopta con al menos dos tercios de los votos emitidos, y suficientes votantes: el texto sometido a votación fija ese mínimo. En un país federal, o que reúne a varios pueblos, fija también la mayoría requerida en cada uno de ellos, para que ninguno se vea arrastrado contra su voluntad. Si uno de ellos rechaza, conserva sus instituciones, y quienes dijeron sí pueden avanzar, si el pacto que los une lo permite, poniéndose de acuerdo con él sobre lo que siguen compartiendo. Hasta el día que ella fija para aplicarse, las instituciones existentes continúan su trabajo, y el pueblo aprueba a los miembros del Consejo y de las instancias. Ese día, terminan las funciones de quienes gobernaban y hacían las leyes. Los servicios públicos, los municipios y los tribunales continúan su trabajo. Las leyes existentes siguen siendo válidas mientras no se cambien y no contradigan esta constitución. El texto sometido a votación dice cuáles cesan el día fijado; para las demás, jueces independientes dicen, en caso de duda, lo que la contradice. Los jueces en funciones siguen en ellas hasta que el pueblo elija a quienes les sucedan. Los jurados de ciudadanos entran poco a poco en los tribunales, al ritmo que fija el texto adoptado; solo el pueblo puede ralentizar ese ritmo. Esta constitución no elude nada y no impone nada: pone en marcha lo que ya existe, con una legitimidad nueva.

Revisar el texto, y poder dar marcha atrás

Esta constitución puede revisarse para ir más lejos en lo que ha comprendido. Pide que nunca se haga por el interés de unos pocos, ni bajo la presión de lo que existe, ni por cansancio ante el esfuerzo. Toda revisión sigue el mismo camino que la adopción del texto, con la misma exigencia: un examen público del proyecto, y después un referéndum, que solo la adopta con al menos dos tercios de los votos emitidos y suficientes votantes, y, en un país federal o que reúne a varios pueblos, con la mayoría requerida en cada uno de ellos (artículo 18). Siempre es el pueblo quien decide, incluso dar marcha atrás. Basta con que cierto número de ciudadanos lo pida para abrir ese camino. Ese número lo fija la ley, en un nivel que los ciudadanos puedan alcanzar realmente, y ninguna autoridad, ninguna revisión puede cerrar ese camino. Nada puede retirar las garantías que nunca se votan, ni los derechos de la naturaleza; la manera de servirlas puede cambiar, pero nunca para debilitarlas. Antes de todo referéndum de revisión, jueces independientes dicen públicamente si el proyecto las respeta.